De los 9 millones de habitantes en Bolivia el 43% vive en alquiler, anticrético o vivienda cedida, es decir no cuenta con vivienda propia.

En el país existen alrededor de 2 millones de viviendas construidas, pero según datos del INE 2005 faltan 300.000 viviendas para cubrir la demanda total (déficit cuantitativo).

Esta situación es más crítica en cuanto a calidad de la vivienda, porque el 43% de las viviendas existentes carecen de condiciones mínimas de habitabilidad (déficit cualitativo), así el 21% tiene techo de paja, caña, palma y barro.

Del total de viviendas el 81% es de tipo casa, choza o pahuichi, el 14% son cuartos o habitaciones sueltas y sólo el 4% son departamentos.

El 37% de las viviendas no tiene agua por cañería, el 44% no tiene luz eléctrica y el 37% no cuenta con baño ni letrina.

Más del 55% de la población no tiene Título de propiedad de su vivienda, vive en "ilegalidad".

El 30% de las viviendas de Bolivia han sido financiadas por entidades bancarias y fondos estatales, el 70% restante por distintas formas de autoconstrucción con fondos propios.

En este contexto surge la segregación social en nuestras ciudades, distinguiéndose zonas privilegiadas con todos los servicios básicos y equipamientos sociales, frente a oras quie carecen de estos, dando lugar a ciudades injustas y excluyentes.

Bolivia es uno de los países latinoamericanos que presenta mayores índices de pobreza y donde las diferencias en las condiciones de vida y hábitat, entre los sectores de mayores y menores ingresos de la población son dramáticas. Cuenta con una población cercana a 8 millones de habitantes, de los cuales según estadísticas, una mayoría se ubica en áreas urbanas, haciendo notar que lo urbano supone desde muy pocos conglomerados de cerca de 1 millón de habitantes, hasta muchas poblaciones de cerca de 2 mil personas.

Tenemos un parque habitacional de cerca a 2 millones de unidades de vivienda, de las que aproximadamente el 30% ha tenido financiamiento de la banca privada, es necesario destacar que estos créditos han sido orientados a los sectores medios-altos y altos de la sociedad, o han utilizados fondos privados administrados por los gobiernos de turno, orientados a los sectores medios y medios bajos.

En términos financieros, nuestro parque habitacional podría monetizarse en alrededor de 8 mil millones de dólares americanos y es la más importante inversión que se haya dado en el país. Si bien la producción de viviendas por la banca es mínima, debe anotarse que últimamente están haciendo esfuerzos notables y que han cubierto un segmento del mercado; por otra parte, resulta más relevante la participación de mutuales, cooperativas y de fondos administrados por el gobierno.

La descripción de la situación de la vivienda en Bolivia no estaría completa si no se mencionan los déficits cuali-cuantitativos que afectan a las familias bolivianas y a las viviendas existentes.

Fuente: INE (proyecciones 2005)* Proyectado 2005** Proyectado total Bolivia*** Proyectado total urbano-rural DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA

Fuente: INE (proyecciones 2005)

Se aclara que los factores considerados para el cálculo del déficit cualitativo hacen referencia a viviendas que presentan una o más factores de insatisfacción: en espacios por morador (hacinamiento), carencia de cuarto especial para cocinar, carencia o mala calidad de servicios básicos.

El análisis de estos números ha permitido una observación inicial respecto a las implicancias en torno a lo habitacional, toda vez que reconocemos que alrededor de la mitad de esta población llamada urbana, no alcanza condiciones de vida adecuadas, es decir que cuenten con oportunidades equitativas de acceso a salud, educación, vivienda, recreación, servicios básicos, servicios socio-culturales y del sector financiero; de manera tal que dos tercios de bolivianos y bolivianas viven y desarrollan sus actividades en condiciones de alta vulnerabilidad.

Si bien desde los sectores público y privado se impulsaron programas de vivienda, éstos tuvieron un impacto poco significativo con referencia a las necesidades reales de vivienda, sobre todo en la población de ingresos medio-bajos y bajos, que constituyen la mayoría de la población nacional, de esta manera, el contar con una vivienda o mejorar la calidad de la que ya poseen, constituye una apremiante necesidad para gran parte de las familias bolivianas.

Para comprender cómo se obtienen una vivienda, se requiere observar tres componentes económicos: el Ahorro, el Crédito y el Subsidio; los dos primeros propios del sector financiero y el segundo mejor comprendido desde lo social. De la presencia de ellos, sus proporciones, modalidades y oportunidades de combinación dependerá el grupo social que acceda a este preciado bien.

Para los sectores de altos ingresos, es muy poco probable que acudan al sector financiero para obtener crédito habitacional, su propia ubicación en la estructura socioeconómica de la sociedad posibilita la obtención de la vivienda por encargo o compra, con fondos ahorrados previamente.

Los sectores de ingresos medios altos y medios-medios, con cierta estabilidad en sus ingresos, con algunas probabilidades acuden al sector financiero –banca, mutuales y cooperativas–, sobre una base de ahorro, generalmente invertida en terreno y algo de liquidez que en el peor de los casos debe cubrir el 30% del monto total solicitado; los subsidios obtenidos son indirectos, en infraestructura, que valorizan su patrimonio.

Las bajas tasas de interés existentes actualmente, motivan a estos sectores a incursionar en la compra de viviendas promovidas por un incipiente empresariado inmobiliario vinculado a constructoras, de esta manera el sector inmobiliario se fortalece incrementando la oferta sin bajar los precios.

Los amplios sectores medios que no han sido beneficiados por los programas estatales ni tienen capacidades para producir materiales de construcción, ni construir por sí mismos, siguen la lógica anteriormente anotada, aunque preferentemente en el sistema mutual y cooperativo que de alguna manera vincula el crédito al historial del ahorrista.

En los sectores medios que han sido beneficiados por los programas estatales ahora liquidados (FONVIS y otros anteriores), el ahorro colectivo era constituido por aportes a fondo perdido del sector formal público y privado mas un fondo doméstico de monto variable para la compra de terreno o el mejoramiento de la unidad asignada; por su parte el crédito era asignado por única vez a algunos de los contribuyentes, con una tasa de interés subsidiada, calificada por una junta directiva de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del grupo solicitante.

Para las grandes mayorías nacionales, de sectores medios bajos a bajos, el ahorro cubre la mayor proporción, constituido por dinero para compra del terreno y/o materiales de construcción, por mano de obra doméstica y auto producción de materiales; por su parte el subsidio se presenta en la asistencia de mano de obra del núcleo familiar ampliado en etapas complejas de la construcción.

En casos extremos para los grupos más vulnerables, la autoconstrucción supone desde la habilitación del terreno en incierta propiedad, producción propia con recursos locales de materiales de construcción y construcción progresiva de la vivienda, con fuerza de trabajo doméstico ampliado. Así, se reproduce la marginalidad y la exclusión urbana que se refleja en asentamientos y viviendas precarias, ilegales, inseguras y muchas veces emplazadas en lugares de riesgo que atentan contra la propia vida de las personas.

La inexistencia de políticas de vivienda, muestra en general, una incapacidad de generar y proveer viviendas a los hogares que no tienen acceso a ella y menos aún a los nuevos hogares que recién se constituyen.

En general, la mayoría de las viviendas son producidas fuera de la lógica mercantil, pues no se construyen para ser vendidas/compradas, sino consumidas por los propios promotores o propietarios, es decir, para satisfacer las necesidades habitacionales de los núcleos familiares. En las áreas urbanas Como un alto porcentaje de las viviendas son producidas bajo distintas modalidades de autoconstrucción (que generalmente no cuentan con asesoramiento técnico); dicho proceso inicia con la obtención más o menos formal de un terreno donde construir (la acción nefasta de los denominados “loteadores” provoca que en muchos casos la población de bajos ingresos sea engañada y estafada con la adquisición de un terreno cuyo derecho propietario no está claramente definido); sorteados todos los obstáculos y limitantes que el mercado inmobiliario genera, se adquiere el lote e inicia la edificación que es progresiva y muchas veces implica la propia producción de los materiales, como adobes y otros que son desarrollados en el mismo terreno, la edificación generalmente es progresiva y las etapas se prolongan en función de la capacidad de ahorro de la familia.

Así, las dificultades para obtener un terreno como condición previa y recurrente al hecho habitacional, han llegado a ser la principal preocupación de quienes requieren de una vivienda o se supone que la requerirán, acelerando el consumo de tierras en las áreas de gran expansión urbana con enormes superficies de terrenos de engorde.

La vivienda boliviana es, a su vez una forma de ahorro, toda vez que su incursión en el circuito mercantil obedece a contingencias del núcleo familiar o doméstico, tales como enfermedad, cambio de lugar de residencia, y otros que no conllevan necesariamente una racionalidad de lucro.

Por su parte, existe un menor porcentaje del parque habitacional que es producido bajo la lógica del modelo económico vigente, en el que la vivienda es producida por un promotor privado como mercancía, con considerables inversiones privadas. Esto fue mas notorio en las dos últimas décadas, aunque en los últimos años se ha tenido un descenso en la producción de este tipo de emprendimientos, especialmente en los llamados condominios de las ciudades capitales de departamento y sus alrededores.

Como ya los señalamos, el Estado ha participado muy poco en la producción de viviendas, intermediando recursos de aportes laborales y patronales a través del FONVIS y sus entidades precedentes, las que tenían un inadecuado diseño institucional y financiero, además de mostrarnos gestiones con crecientes hechos de corrupción y discrecionalidad, que propició el surgimiento de una mora colectiva, en respuesta a una actitud reivindicativa de “no pago/condonación” por parte de los adjudicatarios y políticos demagogos de turno, hasta que tuvo que ser cerrada para dar paso a nuevas formas de participación estatal.